Vio y escuchó lo que otros no

Andanada de proyectos de represas será cuestionado en VIII Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas

Publicado: 2011-02-24

Mil Voces Nº 135

En Chiapas se prepara un encuentro contra las represas hidroeléctricas que comenzará el 11 de marzo.

Gustavo Castro comentó a Radio Mundo Real la situación de la lucha de los afectados por proyectos de represas de cara a un nuevo encuentro mexicano a realizarse en Huitiupán, Chiapas.

México se encuentra embarcado en una andanada de proyectos para captar financiamiento externo y cubrir así su elevada deuda externa. Es así que una serie de proyectos de represas tanto hidroeléctricas como de acopio de agua que parecían abandonados vuelven por sus fueros, motorizados por las negociaciones de cambio climático.

Radio Mundo Real dialogó con Gustavo Castro de Otros Mundos-Amigos de la Tierra México sobre el evento del VIII Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

El lugar escogido para el encuentro, Huitiupán, no es antojadizo: allí hace 30 años se intentó construir la represa Itzantún que contó con la resistencia de los pobladores. Hoy, las autoridades federales mexicanas pretenden volver a construir este megaproyecto hidroeléctrico con graves consecuencias para las comunidades y el medio ambiente. “Nos estamos preparando ya para la resistencia en defensa de las tierras, los territorios, los ríos y las comunidades”, dicen los miembros del Mapder en su convocatoria.

También en el mes de marzo, el día 14, está identificado con el Día Internacional de Acción Contra Represas que en este 2011 celebrará su decimosexta edición consecutiva con acciones públicas en decenas de países a nivel mundial.

Respecto a las expectativas de este encuentro mexicano, el integrante de Otros Mundos afirmó que el desafío es consolidar las redes y aceitar los mecanismos para una resistencia que se vuelve más necesaria y más diversa: desde lo legal a la incidencia y las acciones concretas.

El Zapotillo, La Parota y otros tantos proyectos resistidos por las comunidades en jornadas históricas representan testimonios actuales de la necesidad de la organización, explicó Gustavo Castro.

Más : dicidenteradio.blogspot.com

(2011) Radio Mundo Real

Por El polvorín Blog

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VIII ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)

Huitiupán, Chiapas. 10-13 de Marzo de 2010

EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡FUERA!

A los miembros del MAPDER nacional, a las organizaciones aliadas en la lucha contra las represas:

Las comunidades y organizaciones del municipio de Huitiupán, así como otros miembros del MAPDER Chiapas CONVOCAMOS al VIII Encuentro del MAPDER que se llevará a cabo en nuestra cabecera municipal. Estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos.

En nuestro municipio hace 30 años se intentó construir la represa Itzantún que detuvimos con una fuerte lucha de resistencia social. Hoy, nuevamente la CFE y el gobierno federal pretenden volver a construir este megaproyecto hidroeléctrico con graves consecuencias para nuestras comunidades y pueblo, pero también para el medio ambiente. Nos estamos preparando ya para la resistencia en defensa de las tierras, los territorios, los ríos y las comunidades. Y en el contexto de la nueva oleada de construcción re represas en México y nuestras luchas, es importante encontrarnos para compartir experiencias y fortalecer nuestras estrategias de lucha.

Les ofrecemos hospedaje y alimentación durante el encuentro, y mientras detallamos la agenda de trabajo con la participación de las comunidades y miembros del Mapder nacional, les informamos que:

1) LLEGADA: Jueves 10 de marzo para la comida.

2) SALIDA: Domingo 13 después de la marcha que llevaremos a cabo en el contexto del Día Mundial contra las Represas (14 de Marzo).

3) El municipio de Huitiupán se encuentra enclavado en el norte del estado de Chiapas y estaremos en la cabecera municipal con el mismo nombre. Luego mandaremos un mapa de cómo llegar. De nuestras comunidades y organizaciones del MAPDER Chiapas participaremos alrededor  de 400 personas, representantes y delegados de los pueblos y diversos municipios.

4) ¿QUÉ LLEVAR?: trae tu plato, tu vaso, tu cuchara, hamaca o petate para dormir en el suelo, jabón neutro, tu papel higiénico, ropa cómoda porque hará calor, repelente para mosquitos, y otras cosas de higiene personal. También trae materiales, productos, videos, mantas, lonas, y otras cosas que quieran compartir además de muchas ganas de convivir y compartir la esperanza, la lucha y los éxitos de nuestras resistencias.

Por favor, les rogamos nos informen del número de sus respectivas delegaciones para prepararnos a recibirlos lo mejor posible. Para ello comuníquense con:

 

Gustavo Castro Soto: guscastro[ARROBA]otrosmundoschiapas.org

Javier Balderas: javierbalderascastillo[ARROBA]otrosmundoschiapas.org

O a los teléfonos de la oficina de Otros Mundos AC/Chiapas: (967) 6316643

¡LES ESPERAMOS!

 

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Manual

No seas PRESA de las REPRESAS

por Gustavo Castro Soto / Ilustraciones: Nieves Capote

Manual para mejor conocer y combatir esta plaga. De cómo construir otra cosa distinta, porque ¡OTROS MUNDOS SON POSIBLES!

194 páginas a color. Licencia Creative Commons.

click en las imágenes para descargar cada Capítulo, en .pdf

                     

 http://otrosmundoschiapas.org/index.php/represas/68-represas/816-manual-no-seas-presa-de-las-represas.html

http://1.bp.blogspot.com/_t3n0gNW6dUc/TK7cXvYWi8I/AAAAAAAAEKo/tbOTMEbQd88/s1600/Foros+r%C3%A9plica+del+encuentro+mundial+de+afectados+por+las+presas+y+sus+aliados.jpg

http://frentepopular.files.wordpress.com/2010/02/enc-1.jpg

http://riocobrelucha.files.wordpress.com/2010/11/campana.jpg

veredasogamoso.blogspot.com/

 

Represas desplazan a 170 mil mexicanos

Contralínea, 23 de noviembre de 2010.- La construcción de represas en México desplaza a más de 170 mil personas de sus lugares de origen. El país ocupa el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de los grandes diques en Latinoamérica.

Organismos internacionales de protección al medio ambiente calculan 500 millones de personas damnificadas en todo el mundo por los proyectos contenedores de agua o generadores de energía eléctrica. La Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad son las paraestatales encargadas de edificar estos proyectos en el país.

Temacapulín, Jalisco. Vive a salto de mata, amenazado de muerte. Dice que su trabajo con los pobladores de seis comunidades en Mazatlán, Sinaloa, ha incomodado a funcionarios de gobierno del estado y del federal. El temor que le sobresalta se justifica luego del asesinato de 19 de sus compañeros de lucha.

Las autoridades dicen que fueron víctimas del fuego cruzado en la “guerra” contra el narcotráfico, emprendida por la Presidencia de la República desde diciembre de 2006. Él lo atribuye al activismo en contra de la construcción de la presa Picachos. Octavio Román Tirado es uno de los 4 mil desplazados de las comunidades Copales, El Placer, San Marcos, Puerta de San Marcos, Casas Viejas e Iguanas y los municipios de Mazatlán y Concordia.

La migración forzada de 800 familias inició luego de que las aguas de la presa construida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal inundaron sus viviendas en octubre pasado.

Presidente de la Comunidad de San Marcos, Román Tirado no puede regresar al lugar donde fue reubicado. Ahí dejó a su esposa e hijos, casa, ganado, empresa. “¡Tienes que quitarte de en medio; el que sigue eres tú!”, dijo una voz masculina que había marcado a su teléfono móvil. La advertencia lo dejó frío. Sabe que la amenaza podría cumplirse en cualquier momento, pues ya ha sido golpeado y allanada su vivienda.

“Tenemos pueblos que fueron masacrados por un gobierno insensible, que construyó una presa sin darle a la gente lo más elemental. Son cinco años de lucha permanentemente”, dice a Contralínea. El 22 de mayo de 2005, representantes de los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– hicieron un compromiso con los pobladores que serían afectados por la presa que se levantaría en una cortina de 35 metros de altura y una longitud de corona de 817 metros.

Ofrecieron vivienda digna, desarrollo social, carreteras, pueblos urbanizados, con servicios médicos, escuelas e indemnización por las pérdidas económicas que sufrieran. La resistencia de los pueblos no se hizo esperar. Ahí comenzó todo un movimiento social que tomó las playas de Mazatlán, el Congreso estatal, avenidas principales y edificios de gobierno.

Nada echó para atrás el proyecto gubernamental financiado a través del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa –constituido por el gobierno federal a través de la Conagua y el gobierno de Sinaloa–, y que significó una inversión de 802 millones de pesos. La presa, concluida en 2009, se llenó con las lluvias que dejó a su paso el huracán Alex.

Carente de estudio de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y trámite expropiatorio de los terrenos afectados, las aguas de la construcción arrasaron con las primeras comunidades que se encontraban a su paso. El desalojo no sólo ocurrió por la inclemencia del tiempo. Elementos de las policías federal y estatal sacaron a los colonos de sus viviendas.

“Lo hicieron con mucha violencia: con gases lacrimógenos, golpearon mujeres embarazadas, hubo compañeros a quienes les quebraron sus brazos y pies”, recuerda Octavio. “Hoy, tenemos a más de 100 personas que se tuvieron que salir del pueblo por las amenazas. Son gente que ha luchado contra el gobierno y por amenazas de muerte han tenido que huir del pueblo, para no ser asesinados”, relata.

»»Millones de afectados por grandes diques.- Cálculos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente indican que, hasta 2000, en México se registraron más de 170 mil desplazados por la construcción de represas, resultado del levantamiento de tan sólo 20 de más de 4 mil proyectos que hay en el país.

Mientras, los afectados por este mismo tipo de edificaciones en América Latina llegan a 580 mil 595 personas, con 62 obras de este tipo. La organización internacional –representada en México por Astrid Puentes Riaño– calcula que son 170 mil 625 mexicanos los que han tenido que abandonar sus lugares de origen para dar paso a la construcción de estos grandes diques. Es decir que el 29 por ciento de la población damnificada en Latinoamérica radica en el país.

Estadísticas del agua en México, edición 2010. 10 años de presentar el agua en cifras, informe editado por la Conagua, indica que la infraestructura hidráulica con que cuenta el país tiene 4 mil 462 presas y bordos de almacenamiento, de las cuales 667 están clasificadas como grandes presas, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas. “La capacidad de almacenamiento de las presas del país es de aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos”.

En tanto que el volumen almacenado anualmente en las 100 principales presas representa casi el 79 por ciento a nivel nacional. Tres de la primera centena fueron edificadas en las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa: El Cajón, 2006; Rompepicos, 2004; Las Blancas, 2000.

El documento Proyectos estratégicos de la Conagua –elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento– indica, al 20 de agosto de este año, que entre las principales construcciones que tiene planeadas concluir la administración de Felipe Calderón se encuentran El Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en Oaxaca.

Además, el 22 de octubre pasado, la Comisión Federal de Electricidad anunció que, durante 2011, se licitará el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero. El director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, aseguró que este proyecto es “prioritario”, por lo cual fue integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

»»Los desplazados.- Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, expone que el principal impacto social que provoca la construcción de presas es el abandono del trabajo en la tierra y los diversos modos de producción que dependen de ella, y de los lugares en donde la población vive y se alimenta.

“Cuando la población es desplazada, por lo general sale con lujo de violencia, con mucha represión. Los afectados son enviados a viviendas que son de muy mala calidad”, dice.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la organización ambientalista más grande del mundo, calcula que el impacto social por la construcción de represas en todo el planeta es de 500 millones de personas, según indica en su informe Planeta vivo 2010-biodiversidad, biocapacidad y desarrollo.

El WWF indica que “la creciente demanda por la energía baja en carbono, el almacenamiento de agua y el control de las inundaciones son nuevas motivaciones para construir presas y otras infraestructuras en el mundo… Las infraestructuras hídricas pueden tener beneficios, pero también tienen impactos muy graves sobre los ecosistemas dulceacuícolas y sobre las personas que dependen de los servicios que proporcionan dichos ecosistemas”, muestra el documento.

»»Daños ambientales.- El director de la organización Otros Mundos explica que también existe un impacto ambiental, ya que el agua de las presas es altamente contaminada, “consecuencia del arrastre de agroquímicos, la salinización de las obras, la muerte de peces en los embalses, la generación de gases de efecto invernadero y metano.

Estos efectos tienen otras implicaciones, como problemas de salud, ya que las grandes presas generan enfermedades gastrointestinales, plagas y moscos”. Juan Pablo Soler, integrante de la Red Latinoamericana Afectados por Represas y representante de Otros Mundos, capítulo Colombia, añade que, a nivel mundial, se ha demostrado que el impacto de las represas es el mismo en términos sociales y ambientales.

El ambientalista colombiano explica que algunas de las consecuencias que trae la construcción de represas son una gran ruptura del tejido social de las comunidades: tradiciones y valores culturales. También se acaba con los medios de subsistencia o sobrevivencia que tienen las comunidades, que generalmente viven en la rivera, los ríos o el cultivo de las comunidades rurales.

En Colombia, comenta, “la mayor parte de proyectos afectan a personas que carecen de ingresos, viven en extrema pobreza y no tienen títulos de propiedad. Esto ocasiona que no se les considere como afectados”.

Toda edificación de los contenedores de agua o generación de energía eléctrica, dice, “se basa en el discurso del desarrollo, de la atracción de progreso a las comunidades; en el marco de lo que plantea el Banco Mundial: los países tienen que ser competitivos e insertarse en la economía global”.

»»Luchas sociales.- Marco Ramírez, originario de la comunidad de Ixcán, Guatemala, dice que, en el país centroamericano, actualmente la población se enfrenta a “cinco grandes problemas” y por los que luchan comunidades enteras. El gobierno guatemalteco, dice, tiene planeada la construcción de las represas hidroeléctricas Xalalá y San Luis, mismas que hasta ahora están detenidas debido a la movilización social que se ha generado en esta zona.

Éstas despojarían de sus tierras a alrededor de 50 comunidades, una población cercana a los 10 mil habitantes. “Además, la construcción de una carretera que conforma la franja transversal del Norte. La siembra de la planta africana está provocando la venta de tierras a gente rica. A ello se suma el problema de la militarización y el narcotráfico; se está militarizando Ixcán con la intención de darle protección a estas empresas”.

El ambientalista chileno Antonio Belmar, de la Agrupación por Defensa del Corredor Biológico Nevado de Chillán, dice que, en el país suramericano, el agua se ha convertido en “un bien comercial, ya que el 99 por ciento de las aguas de los ríos está en manos de empresas extranjeras. La mayoría de los proyectos en Chile está financiado por fondos internacionales de Europa, principalmente con capitales de España, Noruega e Italia”.

Como efecto de la construcción de represas en Chile, dice Antonio Belmar, han sido desplazados los territorios mapuche, se han inundando cementerios y aldeas enteras, pese a la promesa de la Organización de las Naciones Unidas de que no se volverían a construir más diques en la zona. Alcides Díaz, afectado por el proyecto hidroeléctrico San Francisco, en Ecuador, comenta que esta obra ha despojado a 700 personas en aquel país.

“Se abandonaron los terrenos y ahora terminan con la minería y el petróleo que se generaba en la zona”. Dice que el gobierno de Rafael Correa tiene contemplado instalar nueve hidroeléctricas más en la comunidad de Baños, una de las localidades más visitadas a nivel mundial. Con estos diques, critica, “de aquí a unos 15 años los niños van a tener que comprar garrafones de agua para poderse bañar”.

Esto demuestra que “no existe la democracia. Todo es un despilfarro de dinero. Favorecen a los que están al frente y el resto de la gente no les importa. Somos utilizados cada año que vienen las votaciones”.

»»Violaciones a los derechos ambientales y humanos.- Los daños ambientales por la construcción de represas causan un “impacto grave y repetido a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas”, dice el informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

La organización indica que este tipo de proyectos desconocen las normas del derecho internacional ambiental, así como diversos estándares internacionales sobre el desarrollo y operación de represas. Entre los impactos, destaca: afectaciones a la salud, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales.

Desplazamientos forzados, inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental y social integrales, carencia de procesos de consulta y participación pública, falta de acceso a la información, afectación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, criminalización de la protesta social, hostigamiento de las personas y comunidades que defienden sus derechos.

»»Los daños al ambiente.- El informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, editado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente con la organización International Rivers, indica que los principales impactos ambientales de las grandes represas son:

. Empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas, río arriba y río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas.

. Degradación de los ecosistemas acuáticos. Al menos 400 mil kilómetros cuadrados de los ecosistemas ribereños más diversos del mundo se han perdido al ser inundados para crear represas.

. Impactos a la biodiversidad: afectaciones a especies de peces migratorios.

. Impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, causados por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra.

. Efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas.

»»ONU estudia a México.- Carlos de la Torre Martínez, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anuncia que la organización mundial emitirá en 2011 un estudio sobre el derecho a la consulta en México.

El informe tendrá como eje principal la construcción de la presa El Zapotillo, en Temacapulín, Jalisco –que despojará de su lugar de origen a unas 800 personas–, y 10 proyectos más que se desarrollan en México, relacionados con presas, minas, concesiones de agua.

Lo que la oficina ha observado, dice de la Torre Martínez, “es que este tipo de proyectos tiene un impacto muy fuerte en las comunidades: se afectan su derechos al agua, a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado.

“Desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha construido un derecho a la consulta que les permite a las comunidades tener un diálogo directo con las autoridades, para ser tomados en cuenta cuando se hacen estos proyectos. En México, existe un vacío, es decir, nuestra Constitución tiene un reconocimiento débil de este derecho a la consulta.

“El impacto social que tienen estos proyectos tienen que ser parte de la política pública del Estado. No se rechaza la construcción de grandes proyectos, pero éstos deben de estar en el marco de la protección a los derechos humanos y de las personas”, dice el funcionario de la ONU.

Se solicitó entrevista con Felipe Arreguín, subdirector técnico de la Conagua, a través de Fernando Melo, jefe de Atención a Medios. Asimismo, con Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, mediante Gerardo Cubos, subgerente de Información, sin que hasta el cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/23/represas-desplazan-a-170-mil-mexicanos/

Desplazados por la presa El Zapotillo

por zapateando

 

22 oct 2o10 - Los gobiernos federal y de Jalisco pretenden desplazar a más de 800 personas de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para construir la presa El Zapotillo. No hay consulta pública ni estudios de impacto ambiental aún; pero ya se levanta una cortina de 105 metros de concreto sobre el Río Verde con la que se hundirán los pueblos de los altos de Jalisco

Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Temacapulín, Jalisco. Va y viene de un lado a otro. Lleva y trae refrescos y cervezas. Atiende el Mesón “Doña Tachita”, una pequeña fonda en la que cocina Juanita, su esposa. Acude a las asambleas del pueblo. Levanta el puño y grita ¡No al Zapotillo!

Es Alfonso Íñiguez Pérez, un hombre de 74 años, menudo y ágil. Decidió regresar a Temacapulín hace algunos años para estar tranquilo en el pueblo que lo vio nacer; disfrutar de la pesca del río, del maíz de la milpa, de la casa que le heredaron sus padres, de las aguas termales que nacen en el pueblo.

Descansaba del trabajo que realizó en la ciudad de México por más de 50 años como empleado de Ferrocarriles Nacionales de México y, posteriormente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, su “tranquilidad” y la de su familia se trastornó hace tres años cuando le informaron sus vecinos que el pueblo sería inundado, al igual que los de Acasico y Palmarejo.

Su casa quedaría bajo las aguas de la presa El Zapotillo, proyecto impulsado desde 2006 por el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y las administraciones estatales de Jalisco y Guanajuato.

Don Poncho, miembro del Comité Salvemos Temaca –abreviatura que los oriundos hacen del nombre de su poblado–, relata: “Nuestro pueblo estuvo abandonado por muchos años. Teníamos que montar en burro para llegar a la carretera que nos lleva a Guadalajara; recorríamos unas cinco horas de camino.

Luego, en 1955, se inició un camino para la construcción de la presa La Zurda, y “ahí participamos muchos. Trabajamos en ella y nunca nos imaginamos que una obra de esa magnitud nos fuera a quitar nuestras casas años después”.

El Zapotillo

Más de 200 trabajadores, originarios de diversos estados de la República, edifican un muro de concreto que da inicio a la cortina que interrumpirá el paso del Río Verde, en el predio de El Zapotillo.

Azorados, ven a un grupo de personas que se internan hasta donde ellos trabajan. Se oyen gritos, consignas; una voz por el magnetófono que dice ¡No al Zapotillo! Los que se encuentran por encima de la construcción, sujetando o soldando varillas, bajan inmediatamente, se reúnen en grupo; salen con paso apresurado. Dejan la obra.

Los manifestantes se asombran. Es la primera vez que pueden llegar hasta el lugar donde se ha comenzado la presa que inundará su pueblo. Miran, con sorpresa, la maquinaria pesada, el corte, casi perfecto, que se ha hecho en el cerro. Ya está listo el “túnel de desvió” que interrumpirá el cause del río.

Cuatro kilómetros de distancia, trazado en zig zag, habían ocultado a simple vista lo que ahí ocurría. Los pobladores de Temaca pensaban que la obra estaba suspendida, que las autoridades primero harían una consulta pública para saber si ellos querían irse. No ha sido así.

La presa El Zapotillo es un proyecto intergubernamental impulsado por el gobierno federal y los estados de Jalisco y Guanajuato. El dique, que contará con más de 105 metros de altura, inundará las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y desplazará de sus lugares de origen a más de 800 personas.

Esta obra fue concedida a las empresas Acciona Infraestructuras, La Peninsular Compañía Constructora, FCC Construcción y Grupo Hermes, bajo el concurso de licitación pública internacional 16101037-063-08, que implica un monto de más de 8 mil millones de pesos.

El acta que otorga el fallo indica que la obra comprende el “diseño y construcción de la presa de almacenamiento Zapotillo sobre el Río Verde, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, para el abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato”.

Promesas insuficientes

“El gobierno del estado de Jalisco construye el Centro de Población Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón”, se lee en un cartel a la entrada de un predio. Ahí se edifican 460 casas de ladrillo, con acabados de aluminio, de una sola planta y tres habitaciones principales.

La maquinaria de la empresa española FCC Construcción trabaja en la mezcla de cemento; carga arena y agua.

Tapetes de pasto seco bordean la “casa modelo”. La tierra luce erosionada. Desde la construcción, cubierta con pisos de azulejo, se puede ver el pueblo que será inundado por las aguas del Río Verde. Se hunde entre cuatro cerros. Resalta una bienvenida en piedra que dice “Desde el siglo VI, Temacapulín te saluda”.

“¡Aquí no podemos sembrar ni chile ni frijol ni calabazas!”, dice el sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez mientras se para sobre el concreto de la avenida principal, del proyecto de vivienda en el que se pretende reubicar a los pobladores de Temaca.

Como en homilía, los fieles le escuchan. El padre Chayo, llamado así por sus feligreses y amigos, ha sido amenazado por empleados de la Arquidiócesis de Guadalajara para que deje de apoyar a los pobladores de Temacapulín.

Sin embargo, él no cesa. Originario de este pueblo, el sacerdote adscrito a una parroquia en Guadalajara reclama: “El pueblo no ha sido consultado; no se le ha dado la oportunidad de dar una decisión democrática. Esto es totalmente una imposición; es el signo de un imperialismo del gobierno de Jalisco; es una complicidad entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal”.

Desacato

María Alcides mira, azorada, lo que pretende ofrecerle el gobierno estatal. “¡No lo vamos a aceptar!”, dice. Ella es una mujer de 64 años que sobrevive de la venta de sus bordados y tejidos.

Se alimenta del frijol, maíz, calabazas y chile que siembra en su milpa. Es viuda desde hace varios años y la única herencia que tiene es la casa que construyó su esposo en la década de 1970. Edificada en un terreno amplio con muros de adobe, techos altos, vigas de madera y teja, la casa de María es fresca, cómoda y colorida.

Al borde del letrero, colocado en la entrada del predio, se lee “Autorización condicionada en materia de impacto ambiental 0613/05273/2009”. El permiso de la construcción no está definido, en su lugar se encuentra una serie de letras equis que remplazan la autorización.

Y es que, de acuerdo con el expediente V319/2009 –adscrito a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de los Administrativo, y del cual Contralínea posee copia–, se concedió la suspensión de la obra, en tanto no se lleve a cabo una consulta pública.

Recomendación rechazada

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco emitió, el año pasado, la recomendación 35/2009, en la que indica que el gobierno de Jalisco, “a través sus órganos y agentes, violó los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, por lo que, atentos a los ejes de la gestión integral sustentable, gobernanza, y reparación del daño, se emiten los siguientes puntos recomendatorios”.

Dirigida al gobernador jalisciense Emilio González Márquez, promueve que se giren instrucciones a las áreas de la administración pública a su cargo para que “se suspenda de inmediato cualquier movimiento de tierra, nivelación, compactación y desmonte en el sitio en el cual se pretende construir la presa El Zapotillo”.

Además sugirió que se empleen recursos estatales suficientes en coordinación con las autoridades federales para practicar estudios que permitan considerar “proyectos alternativos”, en los que sea una prioridad el respeto a las comunidades afectadas y se procure “el menor perjuicio al ejecutar obras de infraestructura orientadas a cumplir con el compromiso asumido con la Conagua y con el gobierno del estado de Guanajuato”.

El tercer punto en orden de importancia indica que el gobierno estatal “se abstenga de realizar cualquier acción que redunde en actos de hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

No obstante las observaciones hechas por el órgano estatal en defensa de los derechos humanos, la administración de González Márquez rechazó la recomendación 35/2009 bajo el argumento de que la presa es un proyecto del gobierno federal.

Daño sicosocial

Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernández, sicólogo y profesor, investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, realizó un dictamen en materia de sicología social en el que se determina que la construcción de la presa El Zapotillo ha tenido un impacto sicosocial entre los pobladores de Temacapulín. Resalta el estrés y la ansiedad entre los adultos mayores.

El documento –cuya copia posee Contralínea– señala que, ante la amenaza de un desplazamiento forzado, los habitantes de Temacapulín manifiestan “efectos emocionales y físicos” ante situaciones de estrés sostenido; que ocasiona sufrimiento, depresión, angustia, ansiedad, tristeza, miedo, desmoralización y dificultades para afrontar la situación a la que se enfrenta la comunidad.

“En casos extremos, esta situación permanente de estrés y preocupación se asocia al agravamiento de síntomas de enfermedades crónico degenerativas y algunas muertes en la población. El grupo más afectado y vulnerable está representado por los adultos mayores, que es un grupo importante en la estructura de la población”, dice el dictamen.

El peritaje también señala que el elemento más importante dentro de las variables de impacto social se manifiesta en las cuestiones relativas a la justicia social, uno de los factores que influyen en la vulnerabilidad de la población de Temacapulín.

“Consideran que los responsables del proyecto de la construcción de la presa de El Zapotillo y el gobierno no los han tomado en cuenta, se sienten engañados, hostigados y violentados en sus derechos más básicos, lo que ha ocasionado una desconfianza hacia todas aquellas personas desconocidas que van al pueblo.”

La defensa

Claudia Gómez Godoy, integrante del Colectivo Coa –grupo de abogados que trabaja en la defensa de derechos colectivos y de los territorios de los pueblos–, indica que, a la fecha, se han promovido 150 amparos en beneficio de la misma cantidad de personas: 10 amparos en materia de constitucionalidad, seis juicios de nulidad administrativa ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y tres ante el Tribunal Federal.

Y es que, de acuerdo con Gómez Godoy, las principales irregularidades que hay en el caso son la falta de una consulta entre la población, no hay estudio de impacto ambiental y la construcción de las casas del Centro de Población Temacapulín está suspendida por orden de un juez.

La abogada, quien lleva los casos junto con su colega Guadalupe Espinoza Sauceda, dice a Contralínea que la lucha de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es para detener la obra, el proyecto y que se busquen otras alternativas.

Recuerda las palabras del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña –quien decidió cancelar la construcción de la presa de San Nicolás, también proyectada sobre el Río Verde–: nunca harán un proyecto que afecte pueblos y comunidades.

Alega que la construcción de represas no son proyectos viables, toda vez que el tiempo de vida es de 25 o 30 años. Mientras, ya se destruyó el ecosistema, se desplazó a centenas de personas lejos de sus lugares de origen y se afecta a poblaciones enteras que son inundadas cuando las presas han llegado a su límite de vida.

“En materia jurídica hemos tratado de combatir la falta de información, solicitándola a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. En los juicios se ha pedido que la Comisión Nacional del Agua distribuya un plano de inundación, pero éste ha sido negado bajo el argumento de la no existencia.”

Entre los obstáculos que observa la abogada del Colectivo Coa en materia judicial, destaca que toda la propiedad es privada en el pueblo; no hay ejido ni comunidad, “lo que hace cada vez más complejo el proceso porque no puede haber una defensa colectiva”.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/20/desplazados-por-la-presa-el-zapotillo/

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malcolmallison

Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado ...alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE (DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL ... que a casi ning


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