El 29 de enero los moradores de la comunidad Ngöbe de Charco la Pava se reunieron con el relator especial sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas James Anaya , a quién expresaron su rechazo al proyecto hidroeléctrico Chan 75 por violar todos sus derechos colectivos. Es la primera vez en la historia de Panamá que un Relator de las Naciones Unidas visita de manera directa una comunidad indígena para dialogar sobre un tema específico, como el desalojo inminente de la comunidad de Charco La Pava en el río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.La concesión y el inicio de los trabajos se realizó sin la debida consulta y sin el consentimiento de los afectados debido a que en la ciudad de Almirante se realizaron reuniones informativas pero a las cuales no asistió la mayoría de la población afectada.

Charco La Pava - 29/1/2012 - Caminando hacia la reunión con el relator. Durante varios gobiernos el Estado panameño viene violentando la gobernabilidad, la propiedad y tenencia de la tierra, la territorialidad y los recursos naturales como bosques, áreas marino costeras, agua, suelo, subsuelo y biodiversidad, mediante la derogación de leyes que reconocen los derechos indígenas, y aprobación de normas que los despojan de sus derechos y recursos.

El presidente Ricardo Martinelli se ha obsecado y ha volcado todos sus recursos y capacidad para excluir del Proyecto de Ley 415, el artículo 5º que establece un régimen especial de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbe-Buglé, aprobado el 25 de enero de 2012, por unanimidad, por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

El  Proyecto de Ley 415 es el resultado de muchos años de lucha indígena y ahora se excluye al guerrazo y sin ninguna consulta a las comunidades indígenas: las fuerzas de seguridad de Panamá, buscando disolver los cierres de carretera cerca de la frontera con Costa Rica, reprimieron violentamente a indígenas en varios puntos de las provincias de Chiriquí, Veraguas, y Bocas del Toro.

Pese a la represión se suman más y más indígenas a cada momento y existe la posibilidad de que se extienda al cierre de fronteras, puentes, puertos, y aeropuertos, si el gobierno no atiende las demandas que se le plantean.

El pueblo Ngäbe Buglé, ancestralmente habita un amplio territorio que fue cercenado con la creación de las repúblicas de Panamá y Costa Rica, quienes hoy día continúan en el mismo territorio en ambos países.

Los Ngöbes y los Buglés fueron unos de los grupos indígenas que se enfrentaron a los españoles en el siglo XVI.  Defendieron su tierra y resistieron con valentía y entrega la conquista y colonización. Luego de un período muy largo de resistencia, finalmente, los Ngöbes y Buglés fueron desplazados de sus tierras ancestrales, en las fértiles planicies del pacífico y  de las selvas a orillas del mar Caribe, a las aisladas montañas de la cordillera central.  Este cambio impacto la vida de los Ngöbes y Buglés por siempre.

Las tierras originales de Ngöbes y Buglés eran fértiles y muy productivas, en las montañas, la situación no era la misma.  Durante los primeras décadas, el cambio no afecto de manera considerable, debido a la abundancia de animales salvajes y bosque.  Sin embargo, las tierras no respondían de la misma forma para el cultivo y la población aumento considerablemente.

Fue en 1969, cuando en realidad se inició un movimiento indígena con más insistencia frente al Estado. Sitio web de esta imagen Comarca Ngöbe-Buglé nbjadran.com

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MANIFIESTO DE LA MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) profundamente preocupada por la situación que viven los indígenas en Panamá, expresa:

· Su más amplia solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé.

· Su rechazo vehemente la actitud antidemocrática y violenta del gobierno nacional de Panamá. A quien le hace un llamado al cese inmediato de las hostilidades y violencia contra los indígenas, y la inmediata apertura a un dialogo sincero y transparente en el marco del estricto respeto a los derechos indígenas.

· Un pedido de inclusión en el Proyecto de Ley 415, del artículo 5º que establece un régimen especial de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbe-Buglé.

· Un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos indígenas y derechos humanos, y a la comunidad internacional en general, para que intercedan ante el gobierno de Panamá, a fin de que abandone la violencia contra los indígenas, y se abra dialogo, dentro del cual se establezca una comisión de observadores y verificadores del cumplimiento de los acuerdos a que lleguen indígenas y gobierno.

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Fuente:

Panamá: Comunidad Ngí¶be denuncia impactos de Represa Chan 75 ante relator ONU

http://servindi.org/actualidad/7160 Agradecemos el envío de la información a Ernesto López, dirigente indígena de la comunidad ngöbe de Charco La Pava y al Informe de Visita del Relator. Foto: JUP

Otras noticias:

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Panamá: Genocidio silencioso contra el pueblo Ngäbe Buglé y etnia Naso

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Sector jurídico del Partido Revolucionario Democrático condenó represión policial a los indígenas de Panamá

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Lunes, 06 Febrero 2012 - HORA CERO.-

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COMUNICADO EN QUE SE DEPLORA Y RECHAZA LA REPRESION Y AGRESION DE PARTE DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CONTRA LA POBLACION CIVIL Y POBLACION NGÄBE-BUGLÉ

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El Sector Jurídico del Frente Profesionales del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ante la crisis y represión de las comunidades indígenas por parte de la Policía Nacional, con apoyo del actual gobernante, RICARDO MARTINELLI, y el Ministro de Seguridad tenemos a bien, pronunciarnos de manera enérgica de la siguiente manera:

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PRIMERO: Las comunidades indígenas ante la intolerancia del Gobierno Nacional, tuvieron que cerrar la vía interamericana, debido a que el Gobierno Nacional quería imponerles la construcción de Hidroeléctricas y operaciones mineras, en la Comarca Ngäbe-Buglé, lo que conlleva a dañar sus recursos naturales y el medio ambiente, del cual Panamá es signataria de Convenios Ambientales, sin embargo, a pesar de las advertencias y llamado de las comunidades indígenas, se observa como Panamá ha violado de manera constante y continua los Pactos y Convenios en materia ambiental, pues se ha dedicado a la venta de los recursos naturales a empresas extranjeras que deberían pertenecer a toda la ciudadanía panameña,

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SEGUNDO: Debemos recordar que uno de los propulsores de los proyectos mineros e hidroeléctricos es el Ministro RICARDO QUIJANO, quien avaló el no ingreso del artículo 5 del Proyecto de Ley 394-2012 (LA PRENSA, declaración realizada el día 4 de febrero del 2012), a pesar de que cuarenta y cuatro (44) organizaciones nacionales e internacionales que le recomendaron al Gobierno Nacional que no utilizaran la fuerza contra los manifestantes ni que provocaran un clima de conflicto social, sin embargo, el Gobierno Nacional ignoró a los mismos, y, de manera falsa señaló que las fuerzas opositoras eran los que incitaban a la rebelión. El polémico, artículo 5 del citado proyecto-ley que no fue incluido, establecía lo siguiente: "Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé, áreas anexas territorios y comunidades Ngäbe-Buglé, fuera de la Comarca y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando a cabo dichas empresas".

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TERCERO: Que las comunidades indígenas, buscaron la mediación de la Iglesia Católica y de asociaciones civiles, sin embargo, el Gobierno Nacional, en un acto de soberbia e intolerancia, a través del Presidente de la República señaló que no había pueblo que aguantara un mal por cien años, ni cuerpo que lo resista, e irrespeta a la Cacica invitándola a la Presidencia a "comer y tomar tragos", lo que demuestra que el Gobierno Nacional nunca tuvo intenciones de dialogar ni mediar con las comunidades indígenas para evitar la crisis que han podido evitar si hubieran buscado un diálogo conciliador.

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CUARTO: El Gobierno Nacional señaló que fueron los indígenas que secuestraron a turistas centroamericanos, sin embargo, los mismos turistas extranjeros le pedían al Gobierno que se sentaran a dialogar con las comunidades indígenas, y que no se sentían secuestrados por los indígenas, sino por el propio Gobierno por su prepotencia

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QUINTO: La Intolerancia del Gobierno Nacional ha llegado a tal punto, que cortaron y suspendieron las comunicaciones en el área donde se concentraron las protestas de los indígenas Ngäbe-Buglé, implica una flagrante violación a las Garantías Fundamentales de los panameños, pues la solicitud del Gobierno fue hecha de forma arbitraria, cuando una acción de este tipo no puede hacerse sin que medie una orden judicial y frente a situaciones muy particulares. Esta suspensión de las comunicaciones atenta contra Convenios Internacionales y el Derecho a la Comunicación que incluye derecho a la información y a la libertad de expresión consagrados en los artículos 37 y 29 de la Constitución Panameña, así como el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, al punto que el Ministro de Seguridad, JOSE RAUL MULINO, aceptó haberse suspendido las comunicaciones telefónicas y móviles ante los medios de comunicación social. Esto no lo podemos aceptar porque hoy lo hacen a esos compatriotas y mañana lo harán con el resto del país.

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SEXTO: El Gobierno Nacional incluso ha llegado a calificar de "mentirosos" al sacerdote de la comunidad, párroco ADONAI CORTEZ, señalando que estaba incentivando a la violencia a las comunidades indígenas para atacar a la Policía Nacional, hecho que fue desmentido por Monseñor JOSE LUIS LACUNZA quien refutó al Ministro de Seguridad, JOSE RAUL MULINO, al punto que salió en los medios de comunicación social señalando que todo lo dicho por el Ministro de Seguridad era completamente falso. En los medios de comunicación social, incluso el padre ADONAI CORTEZ y el padre CARLOS CRUZ de TOLE han recogido casquillos de bala de 9MM y 38 MM con los cuales les han disparado a la población civil indefensa, al punto que la Policía, de acuerdo a versión de los vecinos, se han metido a las casas persiguiendo a los líderes de las comunidades indígenas, para no solo arrestarlos, sino torturarlos.

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SEPTIMO: El Gobierno Nacional, en su represión con armas de fuego, ha cometido el delito de homicidio contra el señor JERONIMO MONTEZUMA, y heridos a cientos de individuos, incluyendo mujeres, ancianos y niños con sus acciones arbitrarias e ilícitas, violando la Constitución, y Leyes nacionales.

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RESUELVE:

Que deben presentarse las denuncias penales correspondientes contra las Autoridades que dieron las ordenes por la arbitrariedad cometida; y contra las empresas que se prestaron para esto, por su complicidad; y por el homicidio del señor JERONIMO MONTEZUMA por parte de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional, como las violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de las comunidades indígenas y población civil, tomando en consideración que la Policía Nacional inició la represión, por lo que solicitamos una profunda investigación por parte del Ministerio Público, a fin de que ese hecho no quede impune como lo ocurrido en Bocas del Toro, y que el Ministerio Público no se convierta en cómplice silencioso de las acciones ilícitas que está cometiendo el Gobierno Nacional.

Que por dignidad, y por ley, deben poner su cargo a disposición y presentar su renuncia por haber cometido delitos de homicidio, integridad personal, violación a las comunicaciones y a la libertad de expresión el Jefe de la Policía, GUSTAVO PEREZ, el Ministro de Seguridad, JOSE RAUL MULINO y RICARDO QUIJANO, Ministro de Comercio e Industrias de Panamá.

Esto no lo podemos aceptar porque hoy lo hacen a esos compatriotas y mañana lo harán con el resto del país, puesto que existen precedentes de violaciones de este tipo, que se han perpetrado en otros países, y han sido condenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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En conclusión, el SECTOR JURIDICO DEL FRENTE DE PROFESIONALES DEL PRD, CONDENA de manera enérgica todas las acciones cometidas por el Gobierno Nacional contra la población civil y comunidades indígenas Ngäbe-Buglé al violarles sus derechos fundamentales y humanos consignados en Pactos y Convenios Internacionales, puesto que lo actuado en la Administración del Presidente Ricardo Martinelli ha suspendido de hecho, las garantías constitucionales sin cumplir con las formalidades que para ello exige el artículo 55 de la Constitución Política de Panamá, por lo que, procederemos a interponer las denuncias penales correspondientes contra las autoridades que dictaron las órdenes arbitrarias de reprimir a los mismos, al violar residencias y domicilios en la comunidad de San Félix, interrumpir los servicios de agua y comunicaciones, al no permitir el derecho de reunión y libre tránsito de las personas, violando de manera directa el artículo 55 de la Carta Magna, y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, e, igualmente contra las empresas telefónicas que se prestaron por su complicidad en la suspensión de las comunicaciones telefónicas, para reprimir y violar los derechos de los mismos.

Terminamos con la frase de MONSEÑOR JOSE LUIS LACUNZA: "La falta de diálogo e intolerancia traen consigo el triunfo de la fuerza y el triunfo de la fuerza es el fracaso de la razón y el fracaso de la razón es el fracaso del ser humano y de MAHATMA GANDHI: "Cuando una ley es injusta, el camino es la desobediencia", Y, "Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio cómplice de la gente buena"".

SECTOR JURÍDICO DEL PRD

http://horacero.com.pa/index.php/nacionales/26-politica/57197-sector-juridico-del-prd-condeno-represion-policial-a-los-indigenas-politica

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El M-10 (Movimiento 10 de abril) se fundó un 10 de abril de 1999 para investigar los proyectos en el Río Tabasará (perjuicios y beneficios) y quiénes son los responsables, así como también para protejer los bienes de los residentes en las márgenes de este río que nace en la Cordillera del Tabasará y se extiende dividiendo y beneficiando a las provincias panameñas de Chiriquí y Veraguas. El 6 de mayo de 2011, campesinos, indígenas y el Movimiento 10 de Abril, cerraron una sección de la Carretera Panamericana en el puente sobre el Río Tabasará en el occidente de Panamá, protestando por el avance inconsulto del proyecto hidroeléctrico ‘Barro Blanco’, que impulsa el proyecto minero de Cerro Colorado. La idea original de este proyecto surgió a principios de los años 80´s durante la dictadura de Omar Torrijos. En aquella ocasión fue cancelado por el dictador Torrijos, según unos, cumpliendo su promesa hecha a autoridades indígenas de retirar el proyecto si no gozaba del consentimiento de las comunidades. Según otros, fue una actitud politico-militar tomada por el General Torrijos, de ganarse a la población, para evitar levantamientos armados y asegurar su poder en la región. La Cordillera del Tabasará es una región militarmente estratégica.

El 2 de abril de 2011, el M-10 mediante un comunicado firmado por Ítalo Jiménez (Presidente) y Leo Arenas (Secretario), solicitó que se declare al Río Tabasará ‘patrimonio hídrico natural y cultural’ de Panamá.

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CONCESIONES DE HIDROELÉCTRICAS EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO PREOCUPAN A LA COMUNIDAD Y A LOS AMBIENTALISTAS

Cuenca 102, en poder de las hidroeléctricas

En el río Chiriquí Viejo hay ocho concesiones para hidroeléctricas: Baitún y Bajo Mina, de la empresa Ideal, S.A.; Bajo Frío, de Fountain Intertrade Corp.; Burica, de Hidro Burica, S.A.; El Alto, de Hydro Caisán; Terra 4-Tizingal, de Hidroeléctrica Tizingal, y Montelirio y Pando, de Electron Investment, S.A. Funcionarios de Anam reconocieron que no existe un plan de manejo del recurso hídrico para la cuenca 102 y que se trabaja en ello, luego de la visita de la oficina de reclamos Compliance Advisor Ombusman (CAO) en enero de 2010. Sin embargo, las concesiones hidroeléctricas ya están dadas.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2011/07/04/hoy/panorama/2640866.asp

En el río Chiriquí Viejo hay ocho concesiones: Baitún y Bajo Mina, de Ideal, S.A.; Bajo Frío, de Fountain Intertrade Corp.; Burica, de Hidro Burica, S.A.; El Alto, de la empresa Hydro Caisán; Terra 4-Tizingal, de Hidroeléctrica Tizingal, y Montelirio y Pando, de Electron Investment.

El poderío de las hidroeléctricas no solo se registra en el Chiriquí Viejo. Desde 2006 –cuando gobernaba Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos (Chiriquí, Caldera y Tabasará, entre otros) pasaron a manos privadas por un período de 50 años prorrogables, según los contratos de concesión.

Las reglas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) establecen que el 10% del caudal de estos ríos queda para abastecer de agua potable a las poblaciones. Esa pequeña cantidad también debe alcanzar para el uso agrícola, toma de agua de animales, turismo y el resto de las actividades.

El 90% del agua restante pasa a servir las necesidades de las ocho hidroeléctricas en construcción en la cuenca 102, trabajos que deben culminar en 2013.

Ante esta realidad, las aguas de los ríos de Chiriquí están agitadas. En total son 58 proyectos que se instalarán en la provincia, cambiando el entorno y la vida de sus habitantes

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