Impacto sobre los recursos hídricos del territorio (EIA de Aratirí). 

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Agresión ambiental mayor

En principio el gobierno procuró acelerar el tratamiento de este proyecto pero el mismo despertó resistencias en el ambiente político y social.[12] Desde el Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga manifestó que se opone al proyecto,[13] en tanto que su correligionario Luis Alberto Lacalle Pou decidió interpelar a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, de Medio Ambiente, Graciela Muslera y de Turismo, Héctor Lescano, por la instalación del proyecto.[14]

Por su parte, el fiscal Enrique Viana cuestionó este proyecto, en pos de salvaguardar el medio ambiente. En su escrito, el Fiscal describe que el proyecto de mina a cielo abierto afecta en el centro del país un área de 150.000 hectáreas, con un mineroducto de 230 km de largo, que atravesaría los Palmares y los Humedales de Rocha, hasta un puerto en la costa oceánica, y sus previsibles e imprevisibles impactos ambientales, para cuestionar después, desde el ángulo legal, las tratativas del gobierno con la minera.[15]

También hay resistencia, dudas y cuestionamientos de parte de la población; preocupa el tratamiento de los recursos naturales.[16] No solo los pobladores de Valentines, también los de Cerro Chato se han quejado de este emprendimiento.[17

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Aratir%C3%AD

EL PROYECTO ARATIRI DEBE SER RECHAZADO

Entrevista con : “No puede descartarse una acción para que la justicia determine el alcance del artículo constitucional sobre el ambiente y la ley marco en medio ambiente. Aquí no está sólo en juego Aratirí sino la propia esencia de la normativa ambiental de Uruguay”.

Walter Pernas (en semanario Brecha, 11/11/11) 

Un nuevo informe de impacto ambiental, entregado por la empresa minera Aratirí a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) revela que la agresión ambiental será mayor de lo que se creía. El documento señala que la empresa pretende desviar el río Yí, por un tramo de 2.100 metros, y los arroyos Valentines, Las Conchas y Las Palmas, en tanto “las áreas de mayor contenido mineral están directamente interferidas por cursos (de agua) existentes, dificultando significativamente las operaciones de extracción”. 

Se advierte que la contaminación sonora ahuyentará animales silvestres o afectará su comportamiento, así como a los de granja, y que en algunos sectores será necesario utilizar explosivos para remoción de rocas. Las zonas afectadas serán Maidana, Las Palmas, Mulero, Morochos y Uría, ubicadas en el noreste del país. Ante estos datos, Brecha consultó al director del Centro Latinoamericano de Ecología Social, Eduardo Gudynas. 

W.P. – ¿Qué opina de estos nuevos elementos de impacto ambiental admitidos por Aratirí? 

E.G. – Los impactos ambientales de las obras, según reconoce ahora la empresa, son más severos, extendidos en el territorio, más duraderos en el tiempo y más riesgosos. Hay una mayor necesidad de control y fiscalización ambiental por los riesgos de contaminación del agua. Por lo tanto, el costo del monitoreo ambiental se hace todavía más alto para el Estado. Al ser más graves los problemas ambientales, la potencialidad de conflictos sociales a lo largo de la vida del proyecto es también más alta. 

El papel de las comunidades 

W.P. – ¿Qué papel le cabe a la comunidad, a la gente que pueda verse afectada en mayor o menor medida? 

E.G. – Es usual que comunidades locales protesten por los impactos, por ejemplo en el agua. Esto genera inestabilidad social, tensiones políticas, y reduce los beneficios económicos del proyecto. El nuevo informe demuestra que varios de los alertas de organizaciones ambientalistas y rurales eran ciertos. El gobierno debería tomar cuenta de esto, en lugar de desestimar sistemáticamente a la sociedad civil. 

W.P. – El gobierno se debe mover bajo ciertas normas, pero en casos de emprendimientos sin precedentes, como éste, parece haber incertidumbre sobre cómo puede llegar a comportarse. 

E.G. – Como el proyecto es de mayor impacto y de mayor riesgo, la cuestión es cuál será el umbral de afectación que el Poder Ejecutivo considerará. A mi modo de ver, el nivel de estos impactos indicaría que está más allá de los umbrales clásicamente aceptables de afectación en el ambiente. Entonces el proyecto debería ser rechazado. 

Intencionalidad política oficial 

Comisión Multipartidaria 

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W.P. – El gobierno no ha decidido, pero las declaraciones oficiales demuestran que la intención es que se concrete. 

E.G. – Si el proyecto es aprobado, hay una consecuencia adicional: el Poder Ejecutivo corre hacia arriba el umbral de impactos ambientales permitidos y aceptables. Entonces, otros proyectos o empresas podrán reclamar un trato similar. 

W.P. – El artículo 47 de la Constitución -modificado por el plebiscito de 2004- además de señalar que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que “el acceso al agua potable es un derecho humano”, prohíbe la “depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”, da las pautas para la política nacional de aguas, que incluye la “solidaridad” con las generaciones futuras respecto de los “recursos hídricos” y la “preservación del ciclo hidrológico”, que está “subordinado al interés general”, entre otras circunstancias. ¿Cómo se puede observar este proyecto a la luz de la reforma constitucional y las demás leyes ambientales? 

E.G. – Es que no puede descartarse una acción judicial para que la justicia determine el alcance del artículo constitucional sobre el ambiente y la ley marco en medio ambiente. Aquí no está sólo en juego Aratirí sino la propia esencia de la normativa ambiental de Uruguay. Pero en el caso de Aratirí ha quedado en videncia que la afectación de los recursos hídricos es severa, extendida, no sólo en cursos de agua en el territorio, sino también por la propuesta de construir un emisario oceánico en la costa de Rocha. Aquí hay un desafío para el gobierno, donde la DINAMA deberá coordinar con la Dinasa, creada por la administración Vázquez. 

Desafío para el movimiento sindical 

W.P. – La disyuntiva se ve bastante clara en los discursos que aparecen en los medios: la importancia de la producción y del trabajo por un lado, y el respeto al ambiente por otro. 

E.G. – Acá también hay un desafío para el movimiento sindical. Buena parte de la movilización en defensa del agua se hizo por motivos sindicales, anclados en mantener las empresas estatales, pero también se usaron muchos argumentos y llamados a defender el ambiente. Hasta ahora el movimiento sindical ha enfocado el proyecto Aratirí como una cuestión de defensa de puestos de trabajo, pero el grado de afectación del agua hace necesario que comience a mirarlo también con los ojos puestos en la calidad de vida de las personas y la defensa del agua. 

W.P. – El gobierno ha asumido una postura de incentivar la inversión productiva en este caso, pero ¿cuáles son sus posibilidades de control del proyecto? 

E.G. – El gobierno aparece con claras limitaciones para manejar las tensiones del proyecto. Se suceden las declaraciones a favor, en especial desde el entorno presidencial, desde antes de que se elevara este nuevo estudio de impacto ambiental. Guste o no, eso significa presiones sobre la evaluación, ya que altos jerarcas destacan reiteradamente la importancia económica del emprendimiento antes que las evaluaciones de sus riesgos ambientales. Pero además, parece que el escenario de crisis global hace que la tentación de apelar a esta inversión sea cada vez más fuerte. Esto, en lugar de demostrar una buena gestión en materia de inversión y producción, deja en evidencia cierta incapacidad de generar diversificaciones productivas propias. 

Foro Territorio y Minería en Uruguay, Centro Social de Cerro Chato (2010). 

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W.P. – ¿Cree que la gente está verdaderamente informada sobre el impacto económico y ambiental del proyecto? 

E.G. – Sigue sin saberse cuál es la evaluación económica total del emprendimiento, según el gobierno. Esto es, cuáles son las ganancias esperadas de acuerdo a distintas cotizaciones del hierro, y cuáles son los costos estimados de llevar adelante el emprendimiento. También se desconocen cuestiones como la pérdida de producción agropecuaria, agua, inversión en energía eléctrica, gastos de monitorear todo el emprendimiento… 

Experiencias actuales en la región 

W.P. – Uruguay no es el único país al que pretende llegar la inversión minera. ¿Se debería mirar más hacia fuera, antes de decidir? 

E.G. – Vengo de participar en reuniones o encuentros sobre emprendimientos extractivos en Colombia (en Popayán y Bogotá). También estuve en Perú (en Cusco) con delegaciones de todos los países andinos. En todos los casos hay varias historias casi iguales a Aratirí. 

W.P. – ¿Por ejemplo? 

E.G. – En estos días el gobierno de Ollanta Humala, en Perú, está lidiando con un megaproyecto minero, el más grande de la historia del país. Pero la oposición social local es durísima. Hoy (miércoles 9) hay un paro cívico en contra de ese emprendimiento, el proyecto Conga, en Cajamarca. El gobierno apoya el proyecto, y la negociación se basa en pedirle dinero a la empresa para fondos sociales locales. Esto es una renuncia del papel del Estado, y apelar a la compensación económica para acallar la protesta social. Los gobiernos locales y regionales se oponen a estos emprendimientos. El gobernador de Cajamarca, por ejemplo, rechaza nuevos proyectos mineros, diciendo claramente que se llevan las ganancias y dejan los impactos sociales. El gobierno uruguayo parece incapaz de ver las experiencias en los países de la región. 

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

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